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Conclusiones

Durante los últimos cuatro años, los boletines anuales del proyecto de Promoción de la transparencia en el sector forestal han documentado importantes avances y tendencias en la gobernanza forestal de los siete países. Se han convertido en unas herramientas útiles que las ONG han utilizado para controlar el sector y luchar por conseguir cambios. Se han observado medidas positivas para mejorar el acceso a la información y la participación en la toma de decisiones (véase la tabla que aparece a continuación), pero los boletines también muestran cómo hay fallos sistemáticos, caracterizados por el secretismo y la corrupción, que contribuyen a la destrucción de los bosques por intereses creados. Nuestras conclusiones se estructuran en seis principios fundamentales:

Acceso a la información

Incluso en aquellos casos en los que se cuenta con leyes de libertad de información y acuerdos específicos del sector forestal sobre la información pública, las autoridades forestales a menudo eluden su deber de publicar documentos importantes y atender las solicitudes de información. Esto conlleva un desconocimiento de datos tan básicos como a quién se le permite talar cada bosque o qué ocurre con los ingresos que se obtienen. Es más, las autoridades centrales suelen tomar decisiones de forma arbitraria a puerta cerrada, y la información se queda a ese nivel en lugar de llegar a las comunidades locales, que son las que más necesidad tienen de saber lo que ocurre en sus bosques. Los funcionarios de atención al público no tienen poder ni información y temen represalias si divulgan información «confidencial». También es limitada la capacidad que tienen las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación para analizar y difundir la información de tal modo que la gente pueda entenderla y utilizarla.

Un enfoque centrado en lo derechos

Los pueblos indígenas rara vez tienen poder de decisión sobre la explotación de los recursos naturales de las tierras en las que han vivido durante siglos. Aunque en los últimos años los siete países han avanzado en el reconocimiento de los derechos consuetudinarios como parte de sus reformas forestales, aún queda mucho camino por recorrer. Las innovaciones en el campo de la gestión forestal comunitaria carecen de recursos y están a la zaga de las inversiones a escala industrial de la extracción maderera, las operaciones mineras y las plantaciones agrícolas, lo que indica una clara reticencia por parte del Estado de renunciar a su poder. El consentimiento de los pueblos indígenas debe fundamentarse en un cambio de paradigma por el cual se reconozca oficialmente su derecho a la autodeterminación, que debería basarse en la tenencia consuetudinaria de tierras, en lugar de considerarse un mero requisito formal que puede manipularse o eliminarse.

Participación en la elaboración de normas

Hay signos esperanzadores de que en los últimos años la sociedad civil y las comunidades forestales han participado de forma más activa en las reformas del sector forestal. No obstante, sigue existiendo el riesgo de que los procesos de consulta sean más bien de boquilla y que, a la hora de llevarlos a la práctica, se margine a algunos grupos. Una participación más informada conllevaría una mayor confianza de la gente en las instituciones estatales y la legislación, lo cual tendría como consecuencia una mayor apertura al diálogo y menos conflictos. De esto se deduce que, para obtener avances políticos y legislativos, es fundamental contar con un claro mandato legal y procedimientos de representación adecuada, así como con la inclusión de las opiniones de todos los grupos de interesados. Esto garantizaría que los ciudadanos se interesaran por los resultados ya que, de lo contrario, estos resultados podrían enfrentarse a la resistencia popular y acabar debilitados por la corrupción.

Estado de derecho

Las nuevas leyes forestales han establecido unos procedimientos más rigurosos de regulación de los derechos de tala, pero las autoridades a menudo no han sido capaces de aplicarlos y, siempre que ha sido posible, los intereses creados han explotado las lagunas jurídicas existentes. Las campañas internacionales para acabar con la madera ilegal tienen mucho potencial pero se corre el riesgo de permitir que siga existiendo un statu quo ya corrupto, a no ser que se centren en una asignación de permisos transparente y responsable en los países productores y en unos controles de entrada eficaces en los países consumidores. La supervisión de la sociedad civil y sus continuas solicitudes de información han demostrado ser eficaces a la hora de sacar a la luz irregularidades y responsabilizar a los funcionarios pertinentes. En cualquier caso, para tener éxito las campañas de los países productores requieren una implementación más rigurosa, que incluya medidas para formalizar los mercados internos y capacitar a las autoridades forestales para que puedan llevar a la práctica el estado de derecho. Se agradecen también las iniciativas de supervisión desarrolladas a nivel local, pero estas requieren una mayor asistencia política y financiera. Además, siguen planteándose dudas sobre cuál sería el vínculo más eficaz entre los monitores independientes y otros actores, en particular la autoridad forestal.

Transparencia en los ingresos e incentivos

En los diferentes países hay diversos sistemas tributarios de distribución de las regalías de la industria maderera y los incentivos por actividades de conservación y silvicultura. En lo que se refiere a las regalías, se ha avanzado en el intento por aclarar su distribución de forma teórica y publicar datos sobre las cantidades pertinentes, pero hay una falta generalizada de responsabilidad en cuanto a la recaudación, distribución e inversión de los fondos. Además, no hay muestras de que los gobiernos nacionales estén tomando las medidas necesarias para garantizar que la industria maderera pague sus deudas a tiempo. En los programas de incentivos que respaldan objetivos ambientales y sociales hay una mayor transparencia, pero sigue existiendo la duda de si estos programas están llegando a los grupos más marginados, como se pretendía.

El mejor uso de los bosques

Según va aumentando la competencia por unos recursos cada vez más escasos, la mala coordinación y unos procesos de planificación confusos impiden que los bosques sean valorados por sus servicios ambientales. Como resultado de ello, se sigue destruyendo bosques sin tener en cuenta la importancia que tienen para las generaciones futuras, especialmente en esta era de cambio climático. En los últimos años ha aumentado la presión a la que están expuestos los bosques por actividades extrasectoriales como la minería, las actividades petrolíferas y las plantaciones agroindustriales y, aunque hay algunos países que cuentan con evaluaciones y planificación ambientales estratégicas, en general se suele comprobar que el compromiso de los gobiernos por conservar los bosques y los medios de vida rurales se limita a palabras vacías. Se necesita una voluntad política mayor, tanto a nivel nacional como internacional, que cuestione la priorización de la explotación de los recursos naturales. Las propuestas de valorar los bosques por sus servicios ambientales deben incluir también un marco normativo que deje claros los derechos y la distribución de beneficios.

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