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Análisis

Disposiciones sobre el acceso a la información

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Las leyes de libertad de información y las iniciativas específicas del sector forestal como los Acuerdos Voluntarios de Asociación (AVA) proporcionan un marco legal para el acceso a la información, pero solo son puntos de partida. Las autoridades forestales de los países estudiados no suelen tener un sistema eficaz para organizar sus datos ni atender las solicitudes de información de los ciudadanos. Además, los funcionarios se reservan la facultad discrecional de divulgar la información que ellos deciden, lo que ayuda a mantener la cultura del secretismo que domina las actividades del sector forestal e impide que se responsabilice a los organismos estatales.

Análisis

Consúltese la sección de Metodología para ver una explicación de los símbolos del semáforo y los pulgares.

Cuatro de los siete países estudiados tienen leyes de libertad de información: Ecuador y Perú cuentan con la legislación más antigua, respaldada por normas de aplicación y defensores del pueblo, mientras que Guatemala y Liberia aprobaron sus leyes hace poco y cuentan con una infraestructura institucional de aplicación de menor envergadura. En los otros tres países africanos los grupos de la sociedad civil han realizado campañas a favor de leyes de libertad de información pero han tenido dificultades a la hora de conseguir que este asunto sea prioritario en la agenda política. Se esperaba que para 2012 en Ghana se hubiera aprobado ya la ley de libertad de información, pero el Gobierno ha pospuesto repetidamente la aprobación del proyecto de ley y los políticos han intentado incluir cláusulas restrictivas.

Incluso cuando existen leyes de libertad de información, las autoridades forestales no ponen a disposición del público la información completa de manera oportuna ni publican informes anuales. Al compromiso de transparencia gubernamental deben acompañarle unos estándares de aplicación rigurosos, unos defensores del pueblo eficaces e independientes y una supervisión coherente. Con el fin de conseguirlo, los socios de Perú y Ecuador han desarrollado metodologías para evaluar el cumplimiento de la ley de libertad de información y han dado formación sobre esta ley a los organismos regionales y la sociedad civil. La supervisión anual ha traído consigo una mejora sustancial del rendimiento de algunos organismos, a pesar de que el Gobierno de Ecuador cuestionara la legitimidad de la supervisión de la sociedad civil. En Perú, este método obtuvo una respuesta mayormente positiva, que tuvo como resultado la firma en noviembre de 2012 de una Carta de transparencia forestal simbólica por parte del Gobierno y representantes de la sociedad civil. En Guatemala, la sociedad civil ayudó a que la transparencia del sector forestal fuera uno de los asuntos a debatir durante las elecciones de 2011, pero en 2012 empeoró el cumplimiento de la ley de libertad de información por parte de las autoridades forestales. Tampoco ha habido avances considerables en Liberia: allí en 2012 se nombró por fin a un Comisionado independiente de información, pero ni siquiera este nombramiento se había hecho oficial a finales de año.

Obligaciones de transparencia específicas del sector forestal

Las leyes de libertad de información no especifican qué documentos y datos deben ponerse a disposición del público. Sin embargo, las iniciativas específicas del sector, en particular los AVA, pueden imponer a las autoridades forestales una obligación más estricta de publicar regularmente documentos y datos que demuestren el cumplimiento legal durante la asignación de permisos, producción maderera, comercio, aplicación de las leyes y otras actividades. En 2012 el proyecto de Promoción de la transparencia en el sector forestal realizó evaluaciones de las deficiencias de transparencia de tres AVA (Camerún, Ghana y Liberia) utilizando los indicadores «sí»/«parcialmente»/«no». Este ejercicio puso de manifiesto algunas deficiencias importantes y cabe mencionar, en particular, que la autoridad forestal de Camerún informó en marzo y julio de 2012 que había adoptado medidas para cumplir el compromiso de transparencia que había adquirido al firmar el AVA.

Al no haber contado con recursos y apoyo específicos, los sistemas de información del sector forestal han tenido dificultades para convertirse en herramientas operativas. Las limitaciones técnicas y de capacidades del personal suponen una grave restricción para la gestión de información (el simple acto de subir un documento a un sitio de Internet puede suponer todo un reto debido a las malas conexiones y la falta de personal cualificado). A pesar de que los recursos en línea pueden ser la forma más rápida de publicar información, la capacidad que tienen las personas que dependen de los bosques de acceder a la información de esta manera suele ser muy limitada. Incluso cuando se tiene un acceso razonable a Internet, a veces puede resultar difícil consultar y comprender los documentos que se suben. Se han creado algunas iniciativas para mejorar el acceso local a la información, pero a menudo no son suficientes y requieren asistencia de las ONG. Estas organizaciones pueden desempeñar un papel destacado como intermediarias en la recabación, difusión y uso de la información, pero nunca deberían suplir la responsabilidad del Estado de publicar información.

Los boletines demuestran que aún se necesita trabajar mucho para cambiar la cultura institucional que predomina entre las autoridades forestales. Además, los boletines han identificado un problema más persistente: la incapacidad de delegar y el miedo a la autoincriminación que prevalece cuando los funcionarios deciden qué documentos publicar. A la hora de cuestionar esta dinámica han resultado útiles las disposiciones legales claras de transparencia y acceso a la información pública: por ejemplo, gracias a las constantes campañas de las ONG, en 2012 se publicaron por fin documentos que sacaban a la luz el preocupante aumento de los Permisos de Uso Particular en Liberia.

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