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Recomendaciones

Las principales recomendaciones para la promoción de la transparencia en el sector forestal se especifican en esta sección. Se presentan como recomendaciones genéricas pero, por supuesto, su relevancia varía dependiendo del contexto específico de cada país. Las recomendaciones preparadas por los socios para sus países particulares se indican en sus correspondientes boletines. Las recomendaciones se dirigen a los principales grupos de interesados.

A los gobiernos y las autoridades forestales

Las autoridades forestales y otras instituciones gubernamentales deberían:

  • Dar prioridad a la aprobación de leyes de libertad de información, si no las tienen todavía. Si las tienen, deberían establecer procedimientos rigurosos con los recursos necesarios (como sistemas de gestión de la información y comisionados independientes) para garantizar que las instituciones cumplan sus obligaciones legales.
  • Indicar explícitamente en las normas del sector forestal un compromiso a la transparencia y el acceso a la información, incluidos unos estándares mínimos de información, y desarrollar sistemas de información integrados de producción y distribución de datos.
  • Garantizar que todas las políticas y leyes forestales nuevas se creen mediante un debate abierto y positivo con la sociedad civil, incluidos los pueblos indígenas y forestales.
  • Seguir desarrollando los foros y grupos de trabajo, desde el nivel nacional hasta el local, iniciados para procesos recientes como los AVA, con el fin de que sean una parte reconocida legalmente y formalmente constituida de los procesos de toma de decisiones sobre asuntos forestales.
  • Poner sistemáticamente en el dominio público todos los contratos, acuerdos y otros documentos complementarios como los informes de diligencia debida que conciernan a las concesiones y permisos asignados para operaciones forestales.
  • Proporcionar al público planes de gestión forestal, especialmente para que las comunidades locales tengan acceso a ellos, lo que les permitirá saber (i) las zonas donde tienen lugar la tala u otras operaciones en un momento dado, (ii) las zonas donde no se permite la tala, por ejemplo por motivos de conservación o culturales, (iii) el cupo de madera que se puede aprovechar y (iv) el volumen real aprovechado.
  • Revisar los planes de gestión forestal periódicamente con las comunidades afectadas para que éstas puedan reconocer las posibles amenazas para los bosques y los posibles daños que pudieran sufrir las formas de vida locales.
  • Distribuir regularmente informes exhaustivos con información y datos sobre las actividades forestales, incluidas las listas de concesiones y permisos, la asignación de ingresos a las diferentes partes (incluidas las cantidades entregadas a la autoridad) y los datos relativos a las infracciones y los operarios suspendidos o inhabilitados.
  • Acabar con cualquier tipo de asignación de permisos sin transparencia, como los sistemas de títulos menores o aprovechamiento, a no ser que se estructuren de tal forma que se reduzca al mínimo el impacto que tienen sobre el medio ambiente y la comunidad y se saque el mayor provecho de los beneficios para el Estado (o cualquier otro propietario) y que estén sujetos a revisiones periódicas en las que los grupos de interesados y las poblaciones locales reciban información colectiva.
  • Desarrollar procesos de evaluación estratégica medioambiental que informen a los grupos de interesados y al público sobre las diferentes opciones de desarrollo y establecer parámetros legales claros y coherentes para decidir las asignaciones que se pueden hacer a la minería, industria agrícola y otros sectores en tierras forestales y áreas colindantes.
  • Evitar la asignación de tierras públicas y bosques a concesiones para el 'almacenamiento de carbono' hasta que se haya establecido un marco normativo que aclare los derechos y el sistema de distribución de beneficios de estas iniciativas.
  • Aprobar leyes que reconozcan el derecho de los ciudadanos, especialmente los pueblos indígenas y forestales, al consentimiento libre, previo e informado sobre las actividades forestales que les afectan.
  • Desarrollar una estrategia a largo plazo para gestionar sus recursos, que se haya preparado mediante un proceso abierto y consultivo, que cuente con un proceso transparente de toma de decisiones para decidir el equilibrio entre las diferentes industrias extractivas y el uso forestal de la tierra.
  • Implementar un proceso de regularización de la tenencia de las tierras que reconozca los derechos consuetudinarios y ofrezca seguridad a la gestión sostenible por parte de las comunidades de todos los recursos forestales y servicios medioambientales.

A las OSC y las comunidades

La sociedad civil organizada debería:

  • Desarrollar actividades para obtener y resumir la información sobre los asuntos forestales que tengan las instituciones centrales y difundirla entre las comunidades rurales mediante medios de comunicación más accesibles, como artículos de periódico, programas de radio y folletos explicativos.
  • Respaldar a los ciudadanos en su uso de la libertad de información y otras leyes similares cuando soliciten información.
  • Colaborar con todos los grupos de interesados para determinar las necesidades de información prioritarias, con el fin de que pueda exigirse una mayor transparencia de forma coordinada y la información pueda intercambiarse y usarse de forma más constructiva.
  • Fomentar una mayor transparencia y responsabilidad entre las instituciones no estatales como las autoridades tradicionales o las organizaciones comunitarias, con el fin de que sean abiertas y representativas.
  • Crear coaliciones con otras ONG y organizaciones comunitarias que trabajen en favor del medio ambiente, los recursos y la tierra, incluidas las asociaciones de pueblos indígenas, con el fin de coordinar campañas que defiendan la transparencia y el derecho a la información.

A los donantes y la comunidad internacional

Los donantes y la comunidad internacional deberían apoyar a los gobiernos y a la sociedad civil en su intento de cumplir las recomendaciones anteriores. Deberían, además:

  • Garantizar que todos los acuerdos internacionales futuros (incluidos los Acuerdos Voluntarios de Asociación y los acuerdos de REDD+, entre otros) incluyan compromisos específicos de transparencia.
  • Mantener la presión que ejercen sobre los gobiernos para que cumplan las obligaciones que les imponen los acuerdos internacionales, por ejemplo ofreciendo un portal de acceso público a las bases de datos de la gestión forestal o la cadena de custodia.
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