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Guatemala : Indicators

2012 > 20 Key Indicators 2012 > Regulación de los servicios ambientales

El conjunto de leyes ambientales de Guatemala (sustentada en la Constitución Política de la República), así como los convenios y tratados internacionales ambientales ratificados por el país, contienen las normas específicas que regulan el uso, aprovechamiento y manejo de los servicios ambientales de los bosques, sin que exista una ley específica para ello.

Si bien este marco normativo contribuye a la gobernanza en cuanto al uso y acceso a los bienes del bosque, existen vacíos legales que generan conflictividad en cuanto su acceso y uso. Existen iniciativas para regular los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático, así como lo referente al acceso y uso del agua, sin que a la fecha se tenga una legislación específica. Otras iniciativas están encaminadas en el congreso, entre ellas la iniciativa de Ley de Cambio Climático, el cual definirá con más precisión temas que van relacionarse al tema REDD y a acuerdos de comercio y al sector forestal.

Están vigentes foros como la Mesa Nacional de Cambio Climático, la Mesa Indígena de Cambio Climático, el Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático, con participación de la sociedad civil, y las cuales están involucradas en las discusiones sobre la Ley de Cambio Climático, el cual tiene como intención regular la fijación y venta de carbono.

Las oportunidades existen para asegurar que la Ley de Cambio Climático sirva como un instrumento que puede beneficiar las comunidades indígenas con tierras comunales, por el pago de servicios ambientales como la fijación de carbono. Asesores en la discusión en la implementación de REDD (del CONAP INAB y MARN) están llegando a un acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, para que la distribución de pagos de servicios ambientales debe ser de acuerdo con la porcentaje de la tierra propietaria que brinda tal servicio– puede ser que hay un impuesto para cubrir administración de servicios estatales. Las discusiones siguen y por tanto las oportunidades todavía existen para influenciar la ley en los foros mencionados – pero por el hecho se estima que 8% de los productores agropecuarios cuentan con 78.2% de la tierra productiva (1), los beneficiarios de pagos por servicios ambientales podrían ser primariamente los más ricos, que puede fomentar desigualdad si no existen propuestas redistributivas.

(1) Instituto Nacional de Estadística, Guatemala (2005) Encuesta Nacional Agropecuaria. Guatemala

Título a. Ley Forestal y sus reglamentos
b. Ley de Áreas Protegidas y sus reglamentos
c. Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y Reglamentos
d. El conjunto de convenios y tratados internacionales ambientales ratificados por Guatemala
Organización a. Instituto Nacional de Bosques INAB
b. Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP
c. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN
d. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN
Fecha a. 1996
b. 1989
c. 1986
d. Varias fechas
Fuente a. INAB: http://200.30.150.38/Paginas%20web/Descargas.aspx
b. CONAP: http://www.sifgua.org.gt/Documentos/Legislacion/Areas%20Protegidas.pdf
c. http://www.marn.gob.gt/aplicaciones/Normas10g/NORMA/Todas_normas.aspx
d. http://www.marn.gob.gt/aplicaciones/Normas10g/NORMA/Todas_normas.aspx
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