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Ghana : Indicators

2012 > 20 Key Indicators 2012 > Documentos legales para operaciones forestales comerciales

Según la Sección 268(1) de la Constitución, se supone que todos los contratos relacionados con el uso de recursos naturales, incluida la madera, deben estar ratificados por el Parlamento, con lo cual deberían ser de dominio público. En principio, esta es una salvaguarda importante que refuerza la legitimidad del proceso de asignación de «bienes públicos» como los bosques. No obstante, en muchos años no se ha ratificado ningún contrato de tala a pesar de que durante ese periodo se han asignado derechos de tala.

En teoría, los documentos legales de los contratos de utilización de madera, los permisos de utilización de madera y otros permisos son documentos públicos. Ha habido ocasiones en que grupos de la sociedad civil y comunidades han conseguido estos documentos tras solicitarlos en una oficina de la División de servicios forestales, pero es difícil determinar si están fácilmente accesibles o no. En algunas zonas, las ONG han desempeñado un papel fundamental ayudando a las comunidades a descubrir qué derechos de tala se habían concedido en sus bosques. Los documentos de los contratos y permisos no se publican en Internet y es difícil recabar datos exhaustivos de todos los derechos de tala actuales. Por ejemplo, un estudio demostró que, al parecer, las autoridades no tienen una base de datos central con esta información, sino que tuvieron que construirla con datos de segunda mano y otro material para demostrar que en el año de referencia (2005) unos 3,2 millones de hectáreas de bosque se encontraban bajo formas diversas de derechos de tala (1). Esto puso de manifiesto que se habían asignado Permisos de Utilización de Madera en extensiones de bosque bastante amplias a empresas madereras, a pesar de que la normativa establece que dichos permisos están destinados a la tala no comercial de un número específico de árboles.

En 2010 y 2011 escándalos destapados por la sociedad civil demostraron que la Comisión Forestal (CF) había concedido, a su propio criterio, más de 100 permisos administrativos de tala para recuperación, sin cumplir ningún procedimiento transparente de subasta y verificación. Estos permisos están destinados a áreas pequeñas que se están explotando (por ejemplo para la construcción de carreteras) pero, al parecer, se habían asignado a empresas para que pudieran talar superficies mayores. Las declaraciones de censura de las organizaciones de la sociedad civil tuvieron como consecuencia una serie de reuniones con las autoridades forestales y la Comisión Especial del Parlamento para las tierras y los recursos naturales. Como resultado de estas reuniones, la Comisión Forestal (CF) aceptó implícitamente que este método de asignación de permisos no era compatible con la definición de legalidad del AVA, y el Ministerio de tierras y recursos naturales adoptó ciertas medidas para solucionarlo.
(1) Hansen, C. P. y Lund, J. F. (2011) «The Political Economy of Timber Taxation: The Case of Ghana», Forest Policy and Economics, 13 (2011) pp. 630-641.

Título a. Constitución de la República de Ghana
b. Contratos y permisos de utilización de madera
Fecha 1992
Fuente a. www.ghanareview.com/Gconst.html
b. Disponibles si se solicitan a la Comisión Forestal
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