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Camerún: Conclusiones

La entrada en vigor del Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) entre Camerún y la Unión Europea justo antes de 2012 y la consecuente obligación legal de publicar información forestal ha supuesto una auténtica mejora del marco legal en lo que se refiere al acceso del público a la información en comparación con años anteriores. El respeto de los compromisos especificados en el Anexo VII del AVA es importante para la promoción de la transparencia en el sector forestal, y la implementación de todos los requisitos de este acuerdo ayudará a reforzar la legalidad y mejorar la gobernanza forestal. Como consecuencia del AVA, y otros procesos de buena gobernanza como REDD+, ya se han visto algunos avances, especialmente las reformas del régimen forestal y de tenencia de tierras, los esfuerzos por sanear la asignación de permisos menores de tala, la adopción de la política sobre planificación del uso de las tierras, y la publicación regular de cierta información, como los resúmenes de las infracciones cometidas en las áreas forestales.

No obstante, aún existen muchos problemas, y es necesario iniciar medidas nuevas y reforzar las ya existentes. En 2011 y 2012 es evidente que el Gobierno ha adoptado iniciativas agresivas para sanear la concesión de permisos menores, especialmente mediante la suspensión y decomiso/confiscación y la prohibición de renovar este tipo de títulos, y ha empezado el proceso de adopción de un nuevo marco legal. No obstante, estos esfuerzos siguen sin ser suficientes y deben reforzarse aún más. Los títulos menores siguen sin incluirse en el sistema de cartografía y la información sobre ellos es escasa y difícil de obtener. Los derechos consuetudinarios que tienen las comunidades locales e indígenas sobre las tierras y recursos no quedan garantizados en el régimen vigente de tenencia de tierras y se ven amenazados por proyectos de la industria agrícola, silvicultura y minería, así como proyectos de infraestructuras a gran escala. Actualmente se está llevando a cabo una revisión de la legislación en materia de bosques y tenencia de tierras, lo que podría suponer una oportunidad para reconocer el derecho al consentimiento de las comunidades y garantizar sus derechos de propiedad consuetudinarios, pero el Estado no se muestra partidario de conceder estos derechos a las comunidades. La falta de consulta con los grupos de interesados antes de asignar o expedir permisos de tala supone un obstáculo para los esfuerzos de buena gobernanza que el Gobierno ha realizado hasta la fecha, ya que la transparencia y fiabilidad del proceso realmente no se han garantizado. Las estructuras de consulta con los grupos de interesados que se instituyeron en 2012 en el contexto de la implementación del AVA no garantizan una consulta adecuada con las organizaciones de la sociedad civil ni las comunidades locales e indígenas, ni tampoco su participación efectiva en los procesos de toma de decisiones. Aparte de no estar debidamente representados, estos grupos realmente no tienen ningún poder que garantice que se tomen en cuenta sus preocupaciones o sus puntos de vista. Es imperativo enmendar ya el plano de zonificación, y este proceso debería tener en cuenta otras actividades extrasectoriales en todas las regiones de Camerún y garantizar una consulta efectiva con todos los grupos de interesados (con las comunidades locales e indígenas en particular) para identificar las tierras tradicionales o comunitarias.

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