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Camerún: Análisis

El objetivo de este análisis es ofrecer una perspectiva general de la transparencia del sector forestal, según queda reflejado en los resultados de nuestra investigación y en el análisis de los cambios que han tenido lugar desde años anteriores.

Disposiciones sobre el acceso público a la información

El Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) entre Camerún y la Unión Europea (UE) entró en vigor oficialmente el 16 de diciembre de 2011, después de que ambas partes (Camerún y la UE) lo ratificaran y notificaran. El Anexo VII del AVA obliga a las partes a publicar un conjunto específico de documentos y datos del sector forestal. Además, toda información debe hacerse pública si así lo solicita expresamente cualquier otro interesado. Asimismo, se establecen los métodos y canales de publicación de la información, incluyendo informes oficiales, plataformas multilaterales, sitios de Internet, foros y medios de comunicación. En total se especifican 75 tipos de documentos y datos, divididos en 10 categorías: información sobre el sistema legal, producción, asignación, gestión, procesamiento, exportaciones, garantía de la legalidad, auditorías, transacciones financieras y marco institucional.

Así, el comienzo de 2012 vino marcado por un avance considerable en el marco legal que rige los bosques en lo que se refiere al derecho a la información. Sin embargo, Camerún sigue sin contar con una ley específica sobre la libertad de información, y ni siquiera se han cumplido las disposiciones pertinentes de la Constitución y la legislación específica del sector.

Un análisis de las deficiencias en la publicación de la información del sector forestal llevado a cabo por CED y Global Witness en 2012 demostró que la mayoría de los documentos y datos que se especifican en el Anexo VII del AVA actualmente no se publican de forma regular. Sigue siendo común que los funcionarios de la Administración ejerzan un poder discrecional sobre la difusión de información y las poblaciones locales siguen teniendo grandes dificultades a la hora de obtener información importante sobre las operaciones de tala que tienen lugar en su región.

Para que se observe un avance en el cumplimiento de los compromisos especificados en el Anexo VII deberán adoptarse medidas drásticas como el establecimiento de un sistema centralizado de gestión de la información y una estrategia para la publicación de información a través de diferentes canales, con el fin de que todos los interesados, especialmente las comunidades que dependen de los bosques, puedan acceder a la información y comprenderla.

Tenencia de tierras forestales y derechos consuetudinarios

  • Política y procedimientos para determinar la tenencia de tierras

No existe una política nacional sobre tenencia de tierras que defina unas directrices ni una estrategia nacional en este ámbito, solo una serie de textos legislativos (leyes, ordenanzas y normativas) que rigen la gestión de las tierras.

En lo que se refiere a los bosques, el uso de las tierras queda determinado por el plano de zonificación de la parte sur de Camerún. Este plano, que se diseñó en 1995 prácticamente sin tener en cuenta la realidad del terreno y sin consultar a los grupos de interesados (en particular a las comunidades locales e indígenas), sigue sin revisarse 17 años después, a pesar de que se han dado circunstancias nuevas que exigirían su modificación. El plano de zonificación es un documento cartográfico que define las dos categorías principales de propiedad forestal que existen en Camerún:

  • Las propiedades forestales permanentes (o bosques permanentes), que están compuestas de tierras asignadas a operaciones forestales o hábitats de especies silvestres.
  • Las propiedad forestales no permanentes (o bosques no permanentes), que están compuestas de tierras que podrían dedicarse a otros usos.

Nótese que este plano de zonificación solo abarca las zonas forestales. La clasificación de los bosques, por lo tanto, asigna cada zona a un propósito específico, que no puede cambiarse posteriormente, a no ser que el bosque se desclasifique. El documento de clasificación conlleva un título de propiedad del bosque en cuestión, a nombre del Estado o de una comuna (en el caso de bosques comunales).

A pesar de que la legislación camerunesa en materia de tenencia de tierras hace referencia a los derechos consuetudinarios, las limitaciones a las que estos derechos están sujetos son muy estrictas. Por eso, los derechos de las comunidades locales e indígenas casi nunca se reconocen y no quedan garantizados. La revisión del plano de zonificación debería incluir la identificación participativa de las tierras comunitarias tradicionales y sentar las bases para un proceso nacional de reconocimiento de los derechos de propiedad consuetudinarios de las comunidades. Esto podría hacerse, por ejemplo, estableciendo un sistema que se adapte a la expedición de títulos de tierras comunitarias.

  • Derechos de las comunidades a las tierras y los recursos forestales

La Ley forestal de 1994 solo concede derechos de uso a los residentes locales. Estos derechos se limitan al uso personal y pueden ser objeto de una suspensión temporal o definitiva. Los términos para el ejercicio de los derechos de uso deberían haberse determinado por decreto pero, por desgracia, tal decreto nunca ha salido a la luz. Por lo tanto, no hay unos principios coherentes ni unos procedimientos adecuados para instituir en la práctica el derecho consuetudinario.

Los derechos consuetudinarios y tradicionales quedan parcialmente reconocidos en la Ley forestal pero se limitan al consumo personal de los recursos y no van unidos a las tierras. Esta falta de protección del derecho consuetudinario es una fuente constante de conflictos entre las comunidades y los titulares de permisos de tala, por un lado, y entre las comunidades y el Estado, por otro, ya que las comunidades se consideran propietarias consuetudinarias de los recursos y la tierra.

Teniendo en cuenta que por ley los recursos y las tierras pertenecen al Estado y que este quiere obtener de ellos el máximo beneficio para aumentar sus ingresos, el Estado se muestra reacio a reconocer todos los derechos consuetudinarios relacionados con las actividades del sector forestal. En cualquier caso, las comunidades locales deben tener un sentimiento de propiedad en la gestión responsable de los recursos y la pregunta «¿Por qué tengo que proteger algo que pertenece a otra persona?» debería ayudar al Estado a reflexionar.

En el marco de la revisión de la legislación forestal, la sociedad civil - organizada en la Plataforma Forestal- Comunidad Europea han presentado propuestas para que se reconozcan y protejan mejor los derechos consuetudinarios de las comunidades locales e indígenas, y otros grupos de interesados han presentado propuestas similares.

  • Mapas de propiedad de las tierras y uso de los recursos forestales

Existen mapas oficiales que indican los tipos de propiedad forestal existentes y el uso de los recursos forestales, pero estos solo abarcan algunos tipos de propiedad. Están disponibles en varios sitios de Internet del Estado y de sus socios técnicos. En 2012 se ha avanzado en la producción de mapas, que ahora incluyen actividades forestales y otras actividades relacionadas. De hecho, la versión 3.0 del Atlas Forestal Interactivo, publicado en 2012 por el World Resources Institute (WRI) y el Ministerio de bosques y fauna (MINFOF, por sus siglas en francés), contiene información sobre las operaciones forestales y otras actividades relacionadas de permisos de operaciones mineras, así como de algunas plantaciones industriales. Sin embargo, hay otros permisos menores, como los permisos para salvado de madera (ARB, por sus siglas en francés) y de recuperación de madera (AEB), que siguen estando excluidos del sistema de cartografía, lo cual dificulta el control de las operaciones de tala sobre el terreno.

Los mapas se distribuyen a menudo entre las ONG y comunidades locales, si los solicitan, o pueden descargarse desde el sitio de Internet del WRI. La publicación de mapas que indiquen los títulos válidos vigentes es uno de los requisitos del Anexo VII del AVA, y la integración de los títulos menores en los mapas de propiedad es más urgente que nunca.

Marco legal y normativo

  • Política forestal

La política forestal de 1993 se revisó en 1995 tras la adopción de la Ley forestal en 1994, pero no se ha actualizado desde entonces. En los últimos años, Camerún ha adoptado ciertas medidas para garantizar el uso sostenible de los bosques, conservar la biodiversidad y garantizar la sostenibilidad de su patrimonio forestal. Estos esfuerzos corren el riesgo de verse reducidos o incluso haber sido en vano si la política forestal del país no se revisa. En los bosques se da la superposición de permisos de tala, minería e industria agrícola. Además, es fundamental revisar la política forestal en colaboración con todos los grupos de interesados para tener en cuenta nuevas iniciativas como el AVA y REDD+ y ciertos proyectos importantes de infraestructuras. Dentro del proceso actual de reforma del sector forestal, se está volviendo a revisar y enmendar la política, como parte del mandato que tiene un consultor, según una licitación pública nacional que el MINFOF publicó en junio de 2012.

  • La ley y los acuerdos comerciales

La reforma del marco legal incluye, entre otras cosas, una revisión de la legislación forestal, que es uno de los compromisos adquiridos por Camerún mediante la firma y ratificación del AVA. Aunque el proceso de revisión de la legislación forestal lleva ya varios años desarrollándose, en 2012 se dio un gran paso con la inclusión del trabajo para adoptar la Ley forestal en la «hoja de ruta» del MINFOF. El primer proyecto de ley se presentó en octubre de 2012 y está sujeto a consulta para las futuras enmiendas. El MINFOF, además, ha preparado una consulta por Internet con la intención de aumentar así la participación de los interesados. A la vez que se revisaba la Ley forestal, en 2012 el MINFOF ha preparado el borrador de una normativa. Estos textos están en proceso de consulta y adopción. Por un lado, son textos que respaldan la implementación del AVA (y abarcan la expedición de certificados FLEGT y autorizaciones FLEGT, así como la puesta en práctica del sistema de información del sector forestal), y, por otro lado, son textos que complementan ciertos artículos de la legislación vigente (por ejemplo el establecimiento de procedimientos para la gestión de conflictos forestales).

En lo que se refiere a la implementación del AVA, es importante observar que la fase de preparación, que comenzó en 2010 tras la firma del acuerdo, debería completarse para finales de 2012. No obstante, teniendo en cuenta los retrasos de Camerún, en febrero de 2012, tras una misión de evaluación del Instituto Forestal Europeo, Camerún y la Unión Europea adoptaron un plan de acciones prioritarias. La eficacia y efectividad de la fase operativa vendrá determinada desde principios de 2013 por algunas de las actividades preparatorias y, sobre todo, por la forma en que se lleven a la práctica. Esto debería traer consigo la expedición de las primeras autorizaciones FLEGT y la obtención de los objetivos del AVA. En previsión de la entrada en vigor de la normativa maderera de la UE en marzo de 2013, y a pesar de la intención de Camerún de estar preparado para expedir autorizaciones FLEGT de exportaciones, el progreso de las actividades de preparación suscita dudas no solo sobre el cumplimiento de los plazos sino también sobre la capacidad operativa de un sistema efectivo y eficiente de expedición de autorizaciones FLEGT antes de marzo de 2013.

  • Sistemas de registro de títulos de propiedad para concesiones forestales comerciales

En general, en Camerún hay dos categorías principales de títulos: los que se asignan sistemáticamente por licitación pública (concesiones forestales y venta de madera en pie) y los que se acuerdan, bien en una subasta o por mutuo acuerdo (permisos de tala, otros permisos de explotación de productos forestales especiales, permisos personales de tala y permisos de recuperación y extracción de madera). En efecto, los permisos de tala de madera y algunos productos forestales especiales (que se especifican en una lista elaborada por la Administración) se acuerdan tras recibir el asesoramiento de un comité competente, mientras que los permisos de explotación de otros productos forestales especiales, leña y postes, y los permisos personales de tala se acuerdan por mutuo acuerdo. Los ARB relacionadas con proyectos de desarrollo, como la construcción de carreteras o las plantaciones, se asignan mediante un proceso de licitación pública basado en los resultados de un inventario, y las expide el MINFOF. En cuanto a los AEB, los asigna el MINFOF: el delegado regional pide permiso al ministerio central para subastar la madera abandonada.

En lo relativo a la primera categoría de títulos (la asignación sistemática por licitación pública), el proceso está sujeto a las leyes de transparencia: se demarcan las zonas para las operaciones de tala, se sacan a licitación pública, se estudian las ofertas técnicas y financieras, y se asignan los bosques al mejor postor. Es más, hay un Observador Independiente de la comisión interministerial que monitorea el proceso de asignación de los permisos, aunque sus informes son principalmente para el MINFOF en lugar de para el público.

En cuanto a la segunda categoría de títulos, los ARB y AEB, a veces infringe las disposiciones y normas legales. De hecho, los ARB y AEB no están claramente identificados (ya que no existen mapas) y están claramente relacionados con operaciones ilegales. CED ha hecho ya múltiples solicitudes para que se anulen. Es más, la verificación independiente y transparente de si los solicitantes de permisos de tala cumplen los requisitos necesarios (la tarea del Observador Independiente para la asignación de permisos de tala) se limita a las concesiones forestales y la venta de madera en pie, mientras que los permisos menores quedan excluidos del proceso.

Los documentos legales que se aplican a las operaciones forestales comerciales no están accesibles de forma sistemática: los planes de gestión forestal están disponibles al público, mientras que otros documentos importantes como los planes operativos anuales y quinquenales, los términos de los acuerdos sociales y los estudios de impacto ambiental no se publican regularmente.

  • Implementación de la Ley forestal

Entre 2011 y 2012, el MINFOF canceló unos 80 permisos menores y también intensificó sus controles y confiscaciones/multas, gracias a las denuncias de los interesados de la sociedad civil y las comprobaciones que hicieron el Observador Independiente (OI) para el control de las actividades forestales en Camerún y la brigada nacional de control. Además, el MINFOF tomó la decisión de hacer que los ARB estén sujetas a una licitación pública llevada a cabo por una comisión interministerial.

Tras la presión por cumplir los requisitos del AVA, el Ministro de bosques nombrado en diciembre de 2011 ha decidido no renovar ningún título menor hasta que se hayan completado un proceso de «saneamiento» y una normativa nueva del sector que incluya, entre otras cosas, un marco coherente, exhaustivo y riguroso que se aplica a todos los grupos de interesados del sector. Esta campaña para luchar contra la ilegalidad en el sector de los títulos menores incluso provocó que en abril de 2012 un operario entablara una demanda contra el Ministro porque se le había revocado su título.

En cuanto a las infracciones de la Ley forestal, debe mencionarse que desde principios de 2012 se han publicado datos con regularidad. En enero, mayo y julio de 2012 se publicaron simultáneamente en un periódico nacional (Cameroon Tribune) y el sitio de Internet del MINFOF tres resúmenes con las infracciones relacionadas con las operaciones forestales y de fauna. Estas publicaciones periódicas refuerzan la lucha contra las operaciones ilegales y facilitan el control independiente por parte de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las comunidades.

Aunque su presencia ha animado al público a denunciar las irregularidades y ha contribuido a que el MINFOF establezca controles y multas contra los infractores, al OI actual se le han impuesto restricciones en su trabajo. Según el mandato de su contrato, el OI no puede llevar a cabo ninguna comprobación sobre el terreno sin una orden de misión del Ministerio de bosques, y los informes de sus misiones solo se publican una vez que el Ministerio ha dado su visto bueno. Si el papel que desempeñan las comunidades y las OSC en el monitoreo de la gestión forestal se reconociera oficialmente, el sistema de gobernanza forestal saldría reforzado. Es más, las OSC han formulado diversas propuestas en este sentido en el marco de la revisión de la legislación forestal.

Participación y gobernanza en el sector forestal

  • Procedimientos de consulta sobre las nuevas normas forestales

No existe ningún procedimiento reconocido por la ley para determinar la metodología que debe usarse para las consultas cuando se crean nuevas normas del sector forestal. Generalmente, el gobierno central organiza debates sobre las normas nuevas con los principales grupos de interesados, tales como los donantes y las OSC. El proceso de reforma de la legislación y políticas forestales que está llevándose a cabo en la actualidad, en cambio, parece estar más abierto a realizar consultas más amplias con los interesados de la sociedad civil y las comunidades: el MINFOF nombró líderes temáticos a varias OSC de la red Pygmies Action Research Network (RACOPY, por sus siglas en francés) y a una coalición de ONG bajo el Rights and Resources Initiative. En 2012 varios líderes temáticos y otros grupos de interesados presentaron propuestas. El MINFOF también ha preparado normas (para elaborar algunos aspectos de la implementación del AVA y completar algunas disposiciones de las que carecía el marco normativo) que ha presentado ante los grupos de interesados para que aporten su opinión y sus recomendaciones. La adopción de la ley y su correspondiente normativa debería, por supuesto, reforzar la implementación del AVA. No obstante, la prisa que tiene el MINFOF por cumplir su «hoja de ruta» para 2012 y la entrada en vigor de la normativa maderera de la UE en marzo de 2013 han debilitado el proceso de consulta, ya que realmente no es posible que los interesados puedan volver a leer los textos consolidados definitivos. Esto supone que quizás no se tengan en cuenta varias contribuciones relevantes de los grupos de interesados, lo que constituye una amenaza para un proceso de consulta real y efectivo.

  • Participación en los procesos de toma de decisiones relacionados con las actividades forestales

La participación de los grupos de interesados en la administración de los recursos forestales queda reconocida en las políticas, leyes y regulaciones del sector forestal, pero sigue sin haber suficientes mecanismos y medidas eficaces para garantizar la participación de todos los grupos de interesados en el proceso de toma de decisiones (e incluso a veces ni siquiera existen).

Las plataformas de consulta existentes tienen dificultades para funcionar de forma efectiva. A pesar de la institucionalización en 2010 del Foro forestal nacional y la consolidación de su estructura en 2011 (con la adopción de los textos orgánicos y la actualización de la hoja de ruta), en 2012 el foro no se celebró y no está claro si esta iniciativa seguirá realizándose de forma regular. Los bosques modelo que han intentado establecer algunos interesados no gubernamentales, que se han convertido en plataformas locales de discusión, están teniendo problemas debido a conflictos internos que afectan a sus operaciones, y la situación ha empeorado durante 2012. La consolidación de la participación de las comunidades en la gestión de los ingresos forestales que pertenecen al municipio, algo que quedó establecido en 2010 por una orden ministerial conjunta para crear juntas municipales y elegir al presidente de las mismas, se debilitó por la adopción en 2012 de una nueva orden conjunta que concedía más poder a los alcaldes, que antes eran los presidentes de estas juntas.

La normativa vigente no contempla la consulta con los grupos de interesados antes de la asignación de títulos de tala, y los representantes de la comunidad no pueden participar en las comisiones interministeriales, incluso aunque puedan tener derechos consuetudinarios sobre las tierras y los recursos. El sector privado sí tiene representación en estas comisiones, pero las comunidades no la tienen y mucho menos las OSC. La participación de las comunidades solo se contempla en la clasificación de los bosques. El OI de la comisión interministerial para la asignación de títulos no representa a los grupos de interesados y solo responde ante el MINFOF, que lleva un estricto control del proceso. Hace poco el MINFOF destituyó al anterior observador (la empresa Bloch-Kolle), que había desempeñado su cargo desde 2003, tras el proceso de contratación de un nuevo OI que se llevó a cabo mediante un proceso de licitación pública el 23 de mayo de 2012. Parece ser que el motivo por el que se rescindió el contrato fueron los desacuerdos entre el antiguo observador y directivos del MINFOF sobre la forma en que se había llevado a cabo el proceso de asignación. Entre el 16 de abril y el 30 de mayo de 2012, el MINFOF abrió, con tres licitaciones sucesivas (incluidas modificaciones de la primera licitación), el proceso de asignación de permisos de tala, que incluía las nueve concesiones de la zona de Ngoyla-Mintom que se habían suspendido por motivos de conservación. Para cuando acabó el proceso, llevado a cabo sin realizar una consulta a los grupos de interesados (como viene siendo habitual), se habían asignado 12 concesiones de tala, incluidas 6 en la zona de Ngoyla-Mintom, en detrimento de la conservación de la biodiversidad y la coherencia del compromiso de Camerún con el proceso REDD+. La necesidad de la participación de los grupos de interesados (especialmente las OSC y las comunidades) en el proceso de asignación de títulos de tala es uno de los puntos principales que defienden los interesados de la sociedad civil en el contexto del proceso de revisión de la Ley forestal.

Las comunidades locales e indígenas no tienen derecho al consentimiento libre, previo e informado en los procesos de formulación de políticas y creación de normas, administración de recursos naturales e implementación de proyectos/iniciativas, ya que el Estado percibe el derecho al consentimiento como una importante devolución (a las comunidades) de su poder sobre las tierras y recursos.
En el marco de la implementación del AVA, el Gobierno ha establecido ciertas estructuras de consulta, en particular un Comité Conjunto de Supervisión (CCS) para facilitar el diálogo y el intercambio de información entre las partes (Camerún y la UE) y un Comité Nacional de Supervisión (CNS), que debería estar formado por todos los grupos de interesados que estén implicados en la gestión forestal. El Comité Nacional de Supervisión se estableció oficialmente el 10 de septiembre de 2012 por una orden del Primer Ministro. No obstante, es evidente que las comunidades y OSC no tienen una representación efectiva y su influencia en el proceso de toma de decisiones no está garantizada. De hecho, la orden solo contempla la inclusión entre los 14 miembros de un representante de la sociedad civil y un representante indígena, aparte de la figura del Presidente (el Ministerio o su representante). Es más, aunque preferiblemente el proceso de toma de decisiones es por consenso, también existe la opción de una mayoría simple de los miembros.

Sistema tributario

El Programa de aumento de los ingresos forestales y un periódico nacional (Cameroon Tribune) publican regularmente los datos relacionados con la distribución de los ingresos provenientes de las operaciones forestales. Sin embargo, la información detallada de las cantidades recaudadas y distribuidas no se pone sistemáticamente a disposición de las comunidades.

Gracias a las enérgicas protestas de los consejos municipales tras la firma de la Orden ministerial 0520/MINADT/MINFI/MINFOF en 2010 sobre la gestión de los ingresos asignados a las comunas (municipalidades) y las comunidades locales, en la que algunas disposiciones reducían su poder de prevenir la mala gestión que han sufrido durante mucho tiempo, el Gobierno adoptó finalmente una nueva orden el 26 de junio de 2012 (Orden conjunta n.º 76 MINATD/MINFI/MINFOF). Los pagos siguen siendo los mismos (50% para el Estado, 20% para la municipalidad local, 20% para la autoridad local y 10% para las comunidades rurales locales), pero se han realizado los siguientes cambios en cuanto a las personas que están cargo de los organismos de toma de decisiones y la distribución de fondos para el funcionamiento de las comisiones de gestión e inversión:

  • A nivel de la comisión municipal (el organismo que gestiona la parte comunal), a partir de ahora el alcalde es el Presidente de la junta municipal, mientras que la orden anterior asignaba la presidencia de esta comisión a la persona elegida por los miembros de la junta municipal.
  • Los presupuestos para operaciones e inversiones de las comisiones locales pasaron del 10% al 20% y del 90% al 80% respectivamente, mientras que, a nivel de las unidades territoriales descentralizadas, se ha pasado de un máximo del 20% al 30% para financiar los presupuestos municipales para operaciones, con una reducción del 10% para inversiones (del 80% al 70%).

 

Desarrollo estratégico y actividades extrasectoriales

Camerún no cuenta con una ley o normativa específica sobre la evaluación ambiental estratégica: ni la Ley marco de 1996 sobre la gestión del medio ambiente ni la Ley forestal de 1994 tratan asuntos relacionados con la evaluación ambiental estratégica. Los estudios del impacto ambiental de proyectos específicos no llegan a ser evaluaciones del impacto acumulativo.

La minería está extendiéndose en Camerún y la organización del segundo foro de minería por el Banco Mundial y el Ministerio de industria, minas y desarrollo tecnológico en mayo de 2012 fue una muestra del importante crecimiento de este sector. CED ha puesto de relieve, junto con otros grupos de interesados, que las industrias extractivas que se están desarrollando podrían tener un impacto prolongado sobre la gestión de los recursos naturales y la protección de los derechos en Camerún. Los permisos de minería afectan a todos los tipos de derechos existentes: unidades de manejo forestal, áreas protegidas, concesiones de tierras, bosques comunales, bosques comunitarios y otros espacios forestales aún sin asignar (pero con derechos de uso reconocidos). La demanda de grandes extensiones de tierras para las industrias agrícolas va en aumento y representa una grave amenaza para los derechos legítimos y los intereses de las comunidades, que el sistema de tenencia de tierras vigente no protege. En el contexto de la reforma de la tenencia de tierras, el reconocimiento de las aldeas como entidades administrativas y como un nivel dentro de la Administración, como ha pasado con las municipalidades, podría permitir que una aldea tuviera la propiedad colectiva de sus tierras consuetudinarias sin ningún tipo de formalidad previa (sin tasaciones ni la necesidad de inscripciones, etc.), y adaptaría el derecho consuetudinario para satisfacer las necesidades actuales.

Si se desea evitar los conflictos relacionados con el uso de las tierras, es fundamental contar con una planificación concertada del uso del terreno y la explotación de los recursos, que tenga en cuenta las posibles pérdidas ambientales. Estos conflictos cada vez son más frecuentes en Camerún y a menudo surgen como resultado de la superposición de diferentes permisos. Por ejemplo, en Camerún hay 30 permisos de prospección minera que afectan a 12 áreas protegidas y se han concedido 33 permisos de prospección petrolífera y minera en 16 áreas protegidas diferentes . Una de las respuestas del Gobierno camerunés a los problemas de la superposición de permisos y la gestión no armonizada de espacios y recursos fue la promulgación de la Ley 2011/008 del 6 de mayo de 2011, que ofrece directrices para la planificación y gestión sostenible del territorio nacional. En cualquier caso, el reto consiste en aplicar de forma efectiva el proceso de gestión que propone esta ley, respetando los derechos de propiedad de las comunidades tradicionales y la conservación del medio ambiente.

Necesidades incipientes relacionadas con la transparencia

Los recientes avances relacionados con el proceso de REDD+ y ciertos proyectos importantes de infraestructuras han traído consigo nuevas necesidades de transparencia.

En 2012 Camerún preparó y validó una Propuesta de preparación para REDD+ (R-PP). El proceso garantizaba la participación de los interesados mediante la plataforma de REDD+ y cambio climático, compuesta de organizaciones de la sociedad civil y otras redes. Gracias al proceso de REDD+ se han obtenido conocimientos pero aún quedan retos por resolver para reforzar la gobernanza y transparencia. Esto requiere, entre otras cosas:

  • garantizar el acceso a la información de todos los grupos de interesados y aumentar su participación (mediante la consulta) y su implicación efectiva en las próximas fases del proceso de REDD+.
  • tener influencia sobre la coherencia de la legislación específica del sector que está vigente actualmente, teniendo en cuenta los problemas del cambio climático como punto de coordinación.
  • fomentar la aclaración de los asuntos relacionados con la tenencia de tierras y el comercio de carbono, a la vez que se garantizan los derechos y los intereses consuetudinarios que tienen las comunidades locales sobre las tierras y sus recursos.

Se están realizando proyectos de infraestructuras a gran escala (como presas hidroeléctricas en Lom Pangar/Memvele o un puerto de aguas profundas y terminal de gas en Kribi) y, para dejarles el paso libre, se ha desalojado a las poblaciones locales. En algunas ocasiones se les ha pagado una indemnización y para algunos de estos proyectos se han realizado estudios de impacto ambiental. Sin embargo, a las comunidades (e incluso a la sociedad civil) sigue resultándoles difícil obtener acceso a la información sobre los impactos que se han identificado y las medidas de mitigación que se han adoptado. Esto resulta fundamental para poder garantizar el control independiente de si estos proyectos cumplen las normas ambientales de la normativa vigente e incluso las políticas de los donantes. Es más, la información sobre las especificaciones y los contratos de estos proyectos no se pone a disposición del público.

 


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